1. La necesidad de que la Comisión haga una evaluación del impacto en el empleo y en las competencias futuras de los trabajadores.
2. Motorización permanente del número y naturaleza de los puestos de trabajo perdidos y creados por la robotización y automatización de procesos y tareas.
3. Comenzar a explorar nuevos modelos de financiación para los sistemas futuros de protección social.
4. Que, aunque exista una potencial reducción en horas de trabajo efectivas debido a los avances de la robotización en muchos sectores, el incremento de la productividad obtenido permita asegurar que los salarios no se van a ver reducidos.
5. Adaptación de los sistemas de educación y recapacitación para proveer a las generaciones futuras de las herramientas necesarias para tener una preparación adecuada a los requisitos de un mercado laboral que va a estar en un proceso de cambio permanente.
6. Explorar la posibilidad de introducir un sistema de notificaciones, previo a la implantación de robots y su participación relativa en el volumen de negocio de las compañías, con el propósito de fijar las contribuciones impositivas y a la Seguridad Social que resulten apropiadas.
7. Estudiar detalladamente las consecuencias a corto plazo de la robotización creciente de los entornos de trabajo u la creación de un esquema para su desarrollo con una legislación que facilite una transición suave para los trabajadores y el respeto a sus derechos fundamentales.